Banquetera que dejó 60 bodas sin servicio y pagó fianza para salir de prisión hoy está prófuga
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Viña del Mar se encuentran desplegadas para dar con el paradero de Natalia Álvarez Murillo , propietaria de la empresa Probarte Banquetería SpA , quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia . La imputada, junto a su pareja, José Galarce , había sido formalizada por el delito de estafa reiterada que afectó a 60 víctimas por un monto cercano a los 120 millones de pesos en matrimonios no realizados . Entre las decenas de víctimas se encuentra la nieta del actor Juan Alcayaga , conocido popularmente como "Don Carter ", quien en diciembre de 2025 visibilizó a través de un video el enorme daño emocional y económico provocado por la productora. Pese a haber quedado inicialmente en prisión preventiva por riesgo de fuga, Álvarez logró recuperar su libertad tras pagar una fianza de aproximadamente cinco millones de pesos . De acuerdo con información de La Tercera , aunque los querellantes apelaron de inmediato ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el tribunal de alzada tardó tres días en revocar la medida y reestablecer la prisión sin derecho a caución, tiempo durante el cual la imputada perdió el rastro y actualmente permanece inubicable, con sospechas de que podría encontrarse en la Región de Atacama . Ante las diligencias para ubicarla, la madre de la imputada, Julia Murillo , interpuso un recurso de protección alegando presuntos allanamientos sin orden judicial y hostigamientos hacia su familia y sus nietos menores de edad por parte de efectivos policiales. Tanto la PDI como el fiscal a cargo de la causa, Leonel González , respondieron a la corte mediante informes en los que defendieron la legalidad y legitimidad de los procedimientos orientados a dar cumplimiento a la orden de detención vigente. En paralelo, según consignó La Tercera , el Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó la primera condena del caso: Galarce accedió a colaborar en la investigación mediante un procedimiento abreviado y fue sentenciado a 300 días de cárcel —pena sustituida por libertad vigilada bajo supervisión de Gendarmería — y al pago de una multa de 5 UTM .