Municipalidad de Concepción fue condenada por despido por razones políticas
<p>En un fallo unánime, <strong>la justicia condenó a la municipalidad de Concepción a pagar la suma total $17.400.000 a una trabajadora</strong> que fue despedida en una vulneración de derechos fundamentales, pues la <strong>desvinculación se debió a posición política</strong>, pues militaba en el Frente Amplio.</p> <p>La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de nulidad interpuesto por la demandante y reemplazó la sentencia de primera instancia, porque se estableció que la decisión de no renovar el contrato de la funcionaria constituye un acto de discriminación arbitraria por razones políticas.</p> <p>Los ministros Carola Rivas y Rodrigo Cortés, y el abogado integrante Rafael Kuncar, estimaron que la relación entre la demandante y la municipalidad <strong>"reviste todas las características de una relación laboral del sector privado, excediendo con creces los límites de la ley estatutaria municipal"</strong>.</p> <p>"En efecto: Primero: Las labores de la actora como encargada de la Academia de Innovación Municipal se extendieron en forma ininterrumpida por 2 años y 8 meses (2022 a 2024), lo cual descarta de plano toda nota de 'accidentalidad' o 'transitoriedad' en sus funciones. Segundo: El 'Programa de Desarrollo y Fomento Productivo Local' al cual estaba adscrita no constituye un 'cometido específico y acotado', sino que es una estructura permanente y habitual de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio, destinada a ejecutar atribuciones que la propia Ley 8.695 encomienda de manera habitual a los municipios en materia de fomento productivo y capacitación laboral", <a rel="link a una nota absoluta 1" href="https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/148418" data-process="2" data-control="1" target="_blank">relata el fallo</a>.</p> <p>Para los jueces, "<strong>concurre con nitidez el elemento de subordinación y dependencia, manifestado en la obligación de la actora de cumplir una jornada ordinaria de trabajo fijada de lunes a viernes</strong>, de desarrollar sus funciones de manera estable en dependencias de la municipalidad, de estar sujeta a instrucciones jerárquicas directas de un supervisor, de rendir informes mensuales visados por jefaturas como condición suspensiva de su pago, y de someterse al control de permisos y compensación de horas por parte de la Dirección de Personal. Asimismo, utilizaba vestimenta y credencial institucional, actuando ante el público en representación del propio municipio".</p> <p>La decisión de no renovar la contratación se hizo efectiva desde el 1 de enero de 2025, <strong>un "acto de discriminación arbitraria por razones políticas", durante la administración que lidera Héctor Muñoz, del derechista Partido Cristiano de Chile</strong>.</p>