Beneficios a pederastas: UDI defiende a Rabat y acusa a Boric de haber esquivado el problema
El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, aseguró que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, solo cumplió con la ley al otorgar rebaja de condenas a 56 pederastas , y acusó a la Administración Boric de haber esquivado el problema al derivarlo a los tribunales de Justicia. El escándalo escaló luego de que el secretario de Estado afirmara que la mayoría de los beneficiados, 27 de ellos condenados por abuso sexual y 29 por violación, ya se encuentran en libertad, lo que derivó e n el anuncio de preparación de una eventual acusación constitucional por parte de la oposición, que a la vez pide su renuncia. Rabat defendió su actuar argumentando que las rebajas constituyen una obligación impuesta por la Corte Suprema debido a un vacío legal previo a 2022, año en que se excluyó legalmente a estos reclusos del beneficio por buena conducta. Aunque la cartera suspendió los trámites en curso para frenar futuros beneficios, l os decretos ya promulgados se mantendrán vigentes. [Lea también] Rabat insiste en que había obligación legal de rebajar condenas a depredadores sexuales Frente a la presión de los partidos opositores , el timonel gremialista sostuvo que muchos "hubiesen preferido que el ministro se saltara la ley, pero yo nunca le voy a pedir a un ministro que se salte la ley, porque uno sabe dónde eso empieza y no sabe dónde termina". "Lo que hicieron los otros gobiernos, (especialmente) el Gobierno del Presidente Boric, fue sacar las castañas con la mano del gato . Para no cursar esos decretos, los envió a la Corte Suprema y fue ésta la que los cursó, y todas esas personas que abusaron de niños hoy día (igualmente) están libres", fustigó Ramírez. En tanto, la diputada Paz Charpentier (Partido Republicano) aseguró que la intención de la oposición "es pegarle al Gobierno", mientras su par de Evópoli Jorge Guzmán calificó de "inaceptable" la rebaja de condenas. PS: "Si se acredita una infracción legal, corresponde evaluar una AC" Desde la oposición, el diputado Marcos Ilabaca (PS) se refirió a los motivos que sustentarían un eventual libelo contra el titular de Justicia: "Rebajar penas a violadores y abusadores de niños exige explicaciones y responsabilidades. Si de los antecedentes se acredita una infracción constitucional o legal del ministro, corresponde evaluar una acusación constitucional con rigor ", puntualizó. "Hay que cerrar las excepciones legales para estos delitos. La protección de los niños exige decisiones concretas, y el Gobierno del Presidente Kast pareciera que no las quiere tomar ", enfatizó el parlamentario. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcos Ilabaca Cerda (@marcosilabaca) Desde el PPD, la senadora Loreto Carvajal afirmó que la permanencia de Rabat en el cargo "se vuelve insostenible", mientras que la diputada Lorena Pizarro (PC) calificó la situación como un "escándalo inaceptable" . El ministro de Justicia debe renunciar. Sus decisiones ponen en peligro a las niñas y niños de nuestro país. No hay argumento alguno que justifique su continuidad. https://t.co/ln7bTHb0cQ — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) October 24, 2026 Exministro José Antonio Gómez: "Es importante seguir insistiendo" José Antonio Gómez, que fue ministro de Justicia en los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet II, señaló que se debe "seguir insistiendo ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema para evitar que esos beneficios se otorguen . Para eso, hoy existen fallos que revierten lo histórico, que era aceptar los amparos presentados por estos condenados". "Cuando a mí me tocó actuar en esta materia en el año 2015 o 2014, rechacé los decretos y de ahí me fui a la Corte, pero los fallos fueron insistentemente favorables a los condenados. Pero eso ha cambiado, por eso es tan importante seguir insistiendo" , explicó. Por su parte, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille , subrayó que es "indispensable que las instituciones responsables expliquen los fundamentos de estas decisiones, revisen los beneficios otorgados dentro del marco legal y determinen qué medidas corresponden para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir". "Es por eso que siempre he sostenido que esta discusión no puede limitarse solamente a una interpretación jurídica ni a una controversia entre las autoridades . Lo central es determinar si el Estado está cumpliendo adecuadamente su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de manera de garantizar sus derechos", aseveró. Quesille insistió en que la "gravedad de estos delitos exige una máxima responsabilidad institucional, transparencia y una revisión rigurosa de todos los mecanismos que han permitido que estas situaciones ocurrieran". Gobierno busca modificar este tipo de procedimientos El Gobierno anunció el ingreso con urgencia de un proyecto de ley para modificar el procedimiento y las causales de reducción de condenas, endurecer los requisitos a postulantes e incorporar el derecho de las víctimas a ser escuchadas. Asimismo, anunció que impulsará la creación de los Tribunales de Ejecución de Penas con el objetivo de establecer un sistema de jueces especializados para fiscalizar y controlar el cumplimiento de las condenas y la entrega de beneficios, iniciativa que cuenta con apoyo transversal y que actualmente cursa su segundo trámite legislativo en el Senado.