El Gobierno ha rebajado condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó esta jornada que el Gobierno ha otorgado 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores desde el inicio de mandato el 11 de marzo. La información fue revelada previamente por el medio Interferencia, que contabilizó las rebajas hasta el 13 de septiembre. Entre ellas, figuran 27 condenas por abuso sexual y 29 por violación, mientras que una solicitud -relativa a un caso de abuso- fue rechazada. En promedio, durante el período referido se emitió un decreto de rebaja cada tres días, por lo que ninguna disminución respondió a un recurso de amparo u otra vía judicial. Todas fueron ingresadas al Ministerio, que las acogió. Cabe destacar que cada decreto se dicta "por orden del Presidente de la República", después de que la Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado, la Seremi verifica los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes. Norma que regula reducción fue modificada en 2022, pero se discute su retroactividad La rebaja de condena se regula por la Ley N°19.856 y su calificación se realiza una vez al año. Gendarmería elabora el listado de internos que cumplen los requisitos y los remite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que resuelva. Para el Ministerio, si se cumplen los requerimientos y no concurre una causal de exclusión, no podría negar la rebaja. Sin embargo, la mentada ley fue modificada en 2022 para excluir del beneficio a autores de delitos sexuales contra menores, aunque en la cartera hay una discusión judicial sobre su retroactividad. Rabat: "Se aplicó la doctrina de la Corte Suprema" Al ser consultado al respecto, el ministro Rabat explicó que "lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo". "Es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos", sostuvo el titular de Justicia y Derechos Humanos. Cuestionado sobre si esta decisión ministerial facilita el trabajo de los defensores sabiendo que no respondieron a recursos judiciales, Rabat repitió que el criterio "ya lo estableció la Corte Suprema por la vía de recursos de amparo". Por último, consultado respecto a por qué no se transparentaron estas decisiones a la ciudadanía, el ministro contestó: "¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución".