Valencia calificó de "gravísimas" las restricciones presupuestarias a Fiscalía
Durante el debate de la Ley de Presupuestos 2027 , el fiscal nacional, Ángel Valencia , expresó este miércoles su alarma ante las restricciones de gasto contempladas por el Gobierno para el Ministerio Público, las cuales limitan horas extraordinarias, viáticos y capacitaciones , exigiendo autorizaciones constantes ante la Dirección de Presupuestos (Dipres). "Esto me parece gravísimo . Una de las herramientas más frecuentes que tienen los Gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los Ministerios Públicos , a nivel regional, es el control presupuestario: el castigo presupuestario o el premio presupuestario ", señaló la máxima autoridad del organismo persecutor. "El riesgo de esto es que, si en algún momento necesito tomar la decisión de mandar a algunos fiscales a Colombia y me falta plata, tenga que ir a la Dipres a pedirle autorización . ¿Cómo le explico si, por ejemplo, hay una investigación de lavado de activos y tengo prohibición expresa, incluso, hasta de hablar de la existencia de la investigación?", advirtió Valencia. Cifras en disputa La controversia se enmarca en la presentación del proyecto para la Partida 23 de la Ley de Presupuestos, que contempla un presupuesto total de 336,3 mil millones de pesos para el Ministerio Público. Dentro de este monto, la ejecución general del organismo asciende a 331 mil millones de pesos, mientras que para la Fiscalía Supraterritorial (Programa 02) se destinan 5,2 mil millones. Los topes fijados en la Glosa 01 del programa principal, que encendieron las alarmas de la Fiscalía, contemplan un límite de 681,8 millones de pesos a horas extraordinarias ; un máximo de 848,9 millones en gastos para viáticos en el territorio nacional y 146,9 millones para viáticos en el exterior (mientras que para la Fiscalía Supraterritorial se asignan 26,2 millones en horas extras y 52,4 millones en viáticos nacionales). Además, el proyecto del Ejecutivo fija un margen para capacitación y perfeccionamiento de 28,3 millones de pesos (Glosa 02) y un tope de convenios con personas naturales de 6.416 millones, para un máximo de 278 personas (Glosa 02). Asimismo, el presupuesto asigna 7.119 millones de pesos para la adopción de medidas de protección a víctimas y testigos (con la facultad del fiscal nacional de destinar extraordinariamente fiscales y funcionarios a la Macrozona Sur) y 12.937 millones de pesos para el financiamiento de los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) bajo el Plan FOCO. Frente a las objeciones del titular del Ministerio Público respecto a la rigidez y visación previa de estas partidas por parte de la Dipres, la Tercera Subcomisión de Presupuestos decidió congelar la votación de la partida institucional, enviándola en calidad de pendiente a la Comisión Especial Mixta.